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Leer másSi estás en un proceso judicial, asegúrate de estar bien acompañado. Nosotros te ofrecemos la informacion paraa ayudar y facilitar todas estas gestiones tan difíciles.
Es importante que antes de iniciar un procedimiento administrativo nos orientemos y pidamos ayuda para evitar perder tiempo. El Ministerio de Justicia de España tiene una página web que brinda información acerca de toda clase de trámites, incluyendo otros procedimientos administrativos.
Dentro de otros procedimientos administrativos nos encontramos con declaraciones de lesividad de actos anulables, derecho de petición, revisión de disposiciones y actos nulos y solicitud de pericias extrajudiciales. A continuación, te explicaremos de manera concisa en que consiste cada uno, quien lo puede solicitar y como se inicia el trámite.
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Un acto dictado previamente por la administración, puede ser declarado por ella misma como lesivo para el interés público si cumple con los requisitos para ser un acto anulable. Esto resultaría favorable para los involucrados y sería anulable conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otro lado, para que surja efecto los interesados deben de tener una audiencia previa.
Estos casos no son solicitados por las personas involucradas, sino por la propia Administración. Sin embargo, no se podrá declarar la lesividad en los actos que ya hayan transcurridos cuatro años del dictamen del acto administrativo. Además, luego de los seis meses de haber iniciado del trámite de la lesividad, sino se ha declarado caducará.
Este derecho es otorgado a los ciudadanos con la finalidad de que tengan la oportunidad de realizar sus peticiones en cualquier institución administrativa, pública o autoridad. Las peticiones serán acerca de los asuntos que estén dentro del manejo del destinatario, y se han de encontrar dentro del procedimiento regulado por la Ley Orgánica 4/2001.
El derecho de petición puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica, sin importar su nacionalidad, de manera individual o colectiva. Aquellos que hayan incurrido algún delito o falta al momento su petición, serán exentos de este derecho.
Las peticiones se han de realizar por escrito y deberá de incluir la identidad del solicitando, nacionalidad, el lugar o el medio por el cual desea recibir las notificaciones, la petición y el destinario. Para peticiones colectivas se añadirá la firma de todos los peticionarios, junto al nombre y apellido de cada uno.
Luego de admitida la petición, el destinario deberá de contestar en máximo tres meses desde el momento que se envió la solicitud. Podrán incluir cualquier documento que considere ayudará a su petición. De ser el destinario incompetente para la petición, deberá de enviarlo al órgano que considere podrá resolver el problema mientras ambos pertenezcan al mismo organismo.
Es un procedimiento realizado por las administraciones públicas en el que declaran de oficio la nulidad de los actos administrativos. Para este caso de otros procedimientos administrativos, puede empezar el trámite por iniciativa propia de la administración o a solicitud del interesado.
Entre los actos de administración pública que serán anulados se encuentran aquellos que posean un contenido imposible, lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. También los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
Podrán ser solicitados por las personas que cuenten con un interés legítimo en que se declare la nulidad del acto. Este otro procedimiento administrativo se lleva a cabo a través de una solicitud que debe contener los datos personales del recurrente, el acto, domicilio, fecha, lugar y firma. El recurrente tendrá un plazo de tres meses para resolver la petición y notificar la resolución, pasado este tiempo debe entender fue desestimada la petición.
La revocación de actos podrá ser efectuada por la administración cuando esta no cuente conuna exención prohibida por las leyes o esté en contra del interés público. Además, no se debe haber transcurrido el plazo de prescripción o la dispensa ser contraria al principio de igualdad u ordenamiento jurídico.
Para la rectificación de errores materiales de hecho o aritméticos, la administración pública podrá rectificar dichos errores en cualquier momento según el artículo 109 de la Ley 39/2015.
Tanto los procedimientos de revocación como de rectificación son iniciados por las administraciones públicas. Sin embargo, ambas puede ser instadas por los ciudadanos involucrados.
Según la Ley 35/2015, si el perjudicado de un accidente de circulación no está conforme con la oferta motivada está en su derecho de pedir informes periciales complementarios. Sin embargo, los involucrados han de estar en común acuerdo y a costa del asegurador.
Por otro lado, el lesionado también podrá solicitarle informes al Instituto de Medicina Legal sino ha intervenido previamente. Para esta solicitud no requiere del acuerdo de la aseguradora.
Esta solicitud puede ser exigida por cualquier víctima de accidentes de circulación. En caso de haber fallecido en el accidente, podrá ser solicitada por sus familiares y allegados. En ambos casos podrá efectuar la solicitud por medio de un representante legal. De igual manera, las aseguradoras afectadas por el accidente (incluyendo al consorcio de compensación de seguros) podrán exigir la solicitud de pericias extrajudiciales.
El procedimiento se puede llevar a cabo a través de la sede electrónica o por correo. Por medio de la sede electrónica se debe tener en cuenta que está habilitada únicamente para las pericias solicitadas a las Ciencias Forenses e Institutos de Medicina Legal. Por correo, la solicitud estará dirigida a la sede del Instituto de Medicina Legal y CCFF correspondiente.
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